Monday, October 3

Aumenta la represión contra el movimiento animalista

Casos como el de los activistas canadienses ‘The Excelsior 4’ o la nueva propuesta criminalizadora de la Ley de Ordenación Agraria catalana muestran que la industria ganadera tiene como objetivo claro que no se conozca lo que pasa en el interior de los muros de mataderos y granjas. Una suerte de ley mordaza que puede llegar a multas de 60.000 euros por acceder y grabar el interior de estas instalaciones en Cataluña, mientras que las penas de cárcel podrían ser de diez años para los activistas canadienses.

Se trata de legislaciones que quieren sancionar expresamente la difusión, la entrada e incluso la organización de estas acciones reivindicativas mucho más allá de los daños materiales que se puedan causar o de cualquier otra sanción ya instaurada, y eso a pesar de que esos hechos ni siquiera conllevan un beneficio propio, ni al liberar a algún animal ni al difundir el maltrato animal, como sí comporta el robo, por ejemplo. Este recorrido legislativo se da cada vez en más países para aumentar la represión y la criminalización del movimiento animalista. Si en 2007 Will Potter advertía en ‘Los verdes somos los nuevos rojos’ (Plaza y Valdés) de que los activistas animalistas y ecoogistas se habían convertido en la “amenaza número uno de terrorismo doméstico” para el FBI –con el claro caso de Daniel Andreas San Diego–, que los tachaba de ‘ecoterroristas’, hoy día vemos que la presión de los lobbies ganaderos aumenta para seguir en esa línea. Cuanto mayor es el impacto que las acciones animalistas tienen, más represión se exige.

Es el caso de los activistas canadienses conocidos como ‘The Excelsior 4’ o ‘Los 4 de Excelsior’ en castellano. Se trata del resultado de una acción directa sobre un matadero de la Columbia Británica llamado Excelsior Hog Farm, donde se tomaron numerosos vídeos del interior de esta granja de cerdos con claros ejemplos de maltrato animal e irregularidades en torno a las leyes de bienestar animal. Las imágenes, que publicó PETA, mostraban corrales abarrotados llenos de miles de cerdos que sufrían hernias, laceraciones sangrientas y crecimientos del tamaño de una pelota de golf. Algunos ni siquiera podían caminar, por lo que languidecían y morían lentamente en el sucio suelo de cemento. Se encontraron cerdos muertos pudriéndose en corrales con otros cerdos vivos que comían sus cadáveres, y otros habían sido arrojados a los contenedores de basura. Como no hubo reacción por parte de quienes tienen que hacer cumplir la ley, más de 200 activistas acudieron a la granja el 28 de abril de 2019 a protestar y a paralizar la actividad en su interior. 65 de los manifestantes ocuparon el interior de la explotación y mostraron al mundo con vídeos en directo la situación de los cerdos, especialmente de las cerdas gestantes.

 La Justicia canadiense, en lugar de tomar cartas en el asunto, giró la cara hacia quienes habían mostrado al mundo estos hechos. No solo se procedió a detener a muchos de los activistas que participaron en la acción, si no que se inició una investigación para buscar a los responsables de los vídeos, de las acciones y de las imágenes captadas con cámaras ocultas que salieron a la luz poco después –donde mostraban a los dueños de la granja agrediendo a los cerdos con punzadas eléctricas en la cara, golpeando y pateando repetidamente a los animales y cortando las colas y testículos de lechones que gritan de dolor sin alivio–. El resultado fue una detenida y procesada, Amy Soranno, más otros tres activistas, Nick Schafer, Roy Sasano y Geoff Regier, que fueron procesados poco después. Todos ellos se enfrentaban en un principio a 21 delitos procesables (el nivel penal más alto en un tribunal canadiense) por revelar lo que les sucede a los animales dentro de las granjas industriales.

 Activistas en la cárcel, granjeros impunes

 La propia Amy Soranno cuenta a El Caballo de Nietzsche en qué punto está el proceso contra ellos. Después de que en las audiencias previas retiraran los cargos contra Geoff Regier, un jurado declaró culpables a Amy y a Nick Schafer y absolvió a Roy Sasano. “Nick y yo fuimos condenados el 9 de julio por allanamiento de morada y conducta delictiva, y nos enfrentamos a la posibilidad de recibir hasta diez años de prisión cada uno. Ahora esperamos la sentencia definitiva, que se sabrá el 26 de agosto, después de que se nos declarara culpables por exponer la crueldad animal criminal en Excelsior Hog Farm”, explica Soranno. La activista denuncia numerosas irregularidades durante el proceso y en el juicio, como la imposibilidad de que la defensa pudiera mostrar los vídeos que demuestran el maltrato o que esas imágenes se vieran para desmentir las afirmaciones de los dueños de las granjas que hicieron en el juicio. “El hecho de que nos enfrentemos a penas de prisión mientras Excelsior Hog Farm es libre de continuar con sus prácticas abusivas es una burla a la justicia”, denuncia Amy Soranno.

Preguntada por si este caso puede servir de correctivo para las personas que luchan por los derechos animales en Canadá, Amy lo tiene claro: “Es un ejemplo de la supresión de nuestros derechos de libre expresión al hacer correr la voz de que el maltrato animal es rampante en las granjas de animales, incluso en las llamadas mejores. Es un ejemplo del intento desesperado de la industria de la agricultura animal, el Gobierno y las fuerzas del orden para ocultar aún más el sufrimiento de los animales y priorizar la codicia corporativa”. Se trata no solo de un caso, sino de muchos que demuestran que la imagen de país progresista y respetuoso que puede tener Canadá está lejos de la realidad. La propia activista recuerda que en cuanto a estándares de bienestar animal en la industria, Canadá tiene la misma puntuación que Estados Unidos según el Índice de Protección Animal (API). “El Reglamento de Salud Animal –explica– todavía permite el transporte de animales de granja, sin comida ni agua, hasta 36 horas en todas las condiciones climáticas. El Gobierno federal no ha exigido prácticas agrícolas para salvaguardar el bienestar animal, dejando a la industria de la agricultura animal autorregulada a través de ‘Códigos de práctica’ arcaicos”.

Otra de las denuncias de los animalistas canadienses viene en cuanto a quién es el encargado de vigilar que las leyes de bienestar animal se cumplan. Por un lado está el Consejo Nacional de Cuidado de Animales de Granja (NFACC), que dicta las recomendaciones y está manejado por la industria, y por otro está la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (BC SPCA). Se trata de la única organización en la Columbia Británica con la autoridad para hacer cumplir las leyes contra la crueldad hacia los animales en virtud de la Ley de Prevención de la Crueldad hacia los Animales (PCAA). Fue precisamente esta institución quien, saltándose sus propias leyes de privacidad y protección al denunciante, expuso a Geoff Regier a las autoridades cuando este les mostró las imágenes de los abusos cometidos en la granja Excelsior Hog de Abbotsford. “En lugar de recomendar cargos contra la granja de cerdos por su horrible negligencia y abuso, la BC SPCA violó su propia política de confidencialidad y entregó a Geoff, uno de los ‘Excelsior 4’, a la policía”, recuerda indignada Amy.

“La ganadería se basa en ser poco transparentes, porque saben que si los consumidores vieran lo que implica la agricultura moderna ya no querrían apoyar una industria tan violenta”, argumenta Amy Soranno para defender estas prácticas más allá de los muros, que explican por qué en los últimos tiempos ha aumentado la presión judicial y legislativa por perseguir la acción directa animalista. “En los últimos años –continúa–, la industria presionó a favor de las ‘leyes mordaza’, haciendo que sea ilegal exponer la crueldad hacia los animales en lugar de enjuiciar la crueldad en sí. ‘Leyes mordaza’ similares fueron anuladas por inconstitucionales en los Estados Unidos. Sin embargo, sí que se han aprobado en varias provincias canadienses, limitando los derechos de libertad de expresión”. Un ejemplo, la conocida como Ley 156 de Ontario, que tacha de ilegal que activistas, periodistas e incluso los propios empleados documenten las irregularidades bajo pena de cárcel. 

Ley mordaza en Cataluña para proteger a la ganadería

Estas ‘leyes mordaza’ para animalistas también se están proponiendo desde la industria ganadera en lugares como Cataluña. El proceso legislativo para modificar la Ley de Ordenación Agraria está dejando numerosos titulares y la mayoría parecen amenazas a quien ose contar lo que pasa al otro lado de los muros de mataderos y granjas. El proceso, que ahora mismo está esperando el debate parlamentario después de que el Govern diera su visto bueno, eleva las multas por entrar sin autorización en estas instalaciones bajo pena de hasta 60.000 euros. La argumentación es que esta actividad puede causar enfermedades, daños irreversibles e incluso la muerte a los animales de las explotaciones. El Govern se justifica diciendo que este cambio legal solo “clarifica” los casos ya contemplados por la ley, pero las alegaciones hechas por la industria cárnica a la ley muestran que hay un afán de criminalización de estas acciones.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), además de felicitarse por “el carácter sancionador” de la modificación, pide aumentar el efecto de las sanciones en cuanto al tiempo desde que se produce el acceso. Aseguran que estas acciones pueden tener daños negativos incluso días después de la muerte o sacrificio del animal, a lo que el Gobierno catalán le responde que solo demostrando la relación causa-efecto podrá actuar la ley en cada caso. Por su parte, la Associació Catalana de Productors de Porcí (PORCAT) pide que se impute como liberación cualquier cambio de lugar de los animales incluso sin que salgan del recinto o que se impute no solo a las personas que acceden sino a las organizaciones animalistas a las que pertenezcan. El Govern responde positivamente ante esta última demanda. La Federació Avícola Catalana (FAC) quiere incluir como hecho sancionador que los animalistas den medicamentos, agua y alimentos a los animales, y la Federació Catalana d’Industries de la Carn (FECIC) reclama que el nuevo régimen solo contemple sanciones muy graves, algo que no es posible, como le recuerda el organismo público.

¿Es este cambio legislativo catalán un aviso a navegantes para el resto del Estado español e incluso para Europa? El abogado Carles Lorente –miembro del ICALP (International Center for Animal Law and Policy), de INTERcids (operadores jurídicos por los animales) y máster en Derecho Animal por la UAB– se muestra prudente: “Falta ver cuál es el texto definitivo, aunque ya podemos adelantar que introducirán modificaciones significativas en este aspecto”. “El encuadre en nuestra legislación penal –continúa– hace que en ocasiones se diera el caso de que los que creemos que están maltratando o tratando mal a los animales sean los que denuncian esta situación por causarles presuntamente daños o estrés… algo totalmente surrealista”.

Frente a los avances en la protección de los animales que se están dando en los últimos años, los lobbies ganaderos reaccionan para mantener su interés económico, recuerda. “Estos grupos de presión participan de forma activa en los procesos legislativos y también tienen otras formas de presión que el resto de agentes no tenemos, porque no hay que olvidar que ellos ‘juegan con comida’, con comida y dinero, y si tienen que presionar por otras vías, lo pueden hacer, como las huelgas, manifestaciones, etc”. El abogado recuerda que, pese a que en España no hay un concepto como ‘ecoterrorismo’ o ‘terrorismo ecológico’ sobre el que se legisla (como sí que ocurre en EEUU, por ejemplo), sí que considera que ha aumentado la persecución contra el movimiento de defensa de los derechos animales. “Se ha puesto de manifiesto en redes sociales, medios de comunicación tradicionales, dando espacio y visibilidad al sector ganadero y criminalizando al sector animalista, como si detrás hubiera un poder fáctico o un interés económico, cuando es todo lo contrario”, explica.

El cambio que se ha producido, en su opinión, es porque el animalismo “ya no es una corriente inofensiva, sino que cada vez las personas y la sociedad están más concienciadas, más comprometidas, y eso hace tambalear las bases y estabilidad económicas de los mismos grupos de siempre”. Frente a esta ola de represión, y como abogado, Lorente apuesta por continuar mostrando las irregularidades y con la llamada a la acción directa: “Creo que es necesario que se hagan estas acciones, igual que lo son todas, y no puede tildarse de violencia ese hecho. Se trata de una situación de interés público que debe conocerse y, bajo mi punto de vista, la información en este caso está por encima del interés mercantil de las explotaciones”.



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