Tuesday, May 17

El gasto social amortiguó el aumento de la pobreza en la pandemia en los países ricos


Las políticas para proporcionar ayuda económica a la población redujeron significativamente, al menos de manera temporal, el número de personas que, de otro modo, podrían haber caído en la pobreza durante la pandemia de COVID-19, según un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado este jueves.

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Este impacto positivo, sin embargo, se circunscribe en gran medida en los países de renta alta y media-alta, ya que las economías más ricas han podido permitirse gastar más en medidas de protección social. Las naciones ricas gastaron hasta 212 veces más per cápita en este tipo de políticas durante la pandemia que las empobrecidas, para los cuales este tipo de programas estaban fuera del alcance, lo que creen que sienta las bases para una recuperación desigual de la pandemia.

El informe del PNUD, cuya labor es erradicar la pobreza y reducir las desigualdades, recoge cálculos sobre cómo el gasto en ayuda social ha evitado que la población caiga en la pobreza, y analiza una muestra en 41 países, que en conjunto concentran una cuarta parte de la población mundial, la mayoría en el mundo en desarrollo.

Los autores se basan para sus cálculos en estimaciones sobre el número de personas que se convirtieron en pobres durante la pandemia –estimadas entre 117 y 168 millones– e intentan entender cómo ha repercutido el gasto social en estas cifras. A su juicio, el estudio ilustra que las decisiones de política social importan y tienen efectos “inmediatos” en la vida de las personas.

Se centran principalmente en lo que denominan programas de apoyo a los ingresos, o de renta básica temporal, programas de transferencias en efectivo anunciados e aplicados por los gobiernos con el objetivo de proteger el sustento económico de los hogares en respuesta a la crisis generada por COVID-19 y las estrategias de mitigación de la pandemia.

“Por ejemplo, las medidas de distanciamiento social y cierre temporal de actividades no esenciales tuvieron, en la mayoría de los países, efectos adversos sobre los ingresos laborales de la población. Algunos países como Israel y Tuvalu otorgaron transferencias a todos sus habitantes”, explica a elDiario.es George Gray Molina, economista jefe del PNUD y autor del informe. “Otros países proporcionaron transferencias focalizadas a personas trabajadoras del sector informal, o que son autónomas, mientras que en otros casos los apoyos monetarios se dirigieron a las familias de menores recursos y que están capturadas en los registros de asistencia social”.  

En 41 países analizados, el 80% de las personas –12 millones de 15 millones– que podrían haber caído por debajo del umbral de pobreza de 1,90 dólares al día (considerado pobreza extrema) no lo hicieron gracias a las medidas de ayuda social, explica el PNUD.

Cuando los autores miden el impacto de este tipo de políticas en la línea de pobreza más alta en los mismos 41 países –quienes viven con 5,50 dólares al día o menos en estos países– se evitó que 31 de 42 millones de personas cayeran en la pobreza desde marzo de 2020.

Los 41 territorios analizados, que son donde había información disponible, son: Argelia, Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Chile, Colombia, República del Congo, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Fiji, Honduras, Indonesia, Irán, Iraq, Jamaica, Jordania, Kenia, Líbano, Madagascar, Malasia, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Níger, Pakistán, Panamá, Paraguay, Sudáfrica, Timor-Leste, Tuvalu, Uzbekistán, Vietnam, Cisjordania y Gaza, Australia, Israel, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos.

La enorme brecha entre ricos y pobres

Aunque a nivel global los efectos de mitigación son fuertes, explica el PNUD, el impacto se limita en buena parte a los países con mayores recursos. En las naciones de ingresos medios bajos, el gasto en protección social fue insuficiente para evitar el aumento del número de pobres, y en las de renta baja no se pudo evitar lo más mínimo la pérdida de ingresos.

“El acceso a este salvavidas [el gasto en ayudas sociales] depende del lugar en el que se viva”, ha dicho Achim Steiner, administrador del PNUD. 

Los datos muestran enormes diferencias en las medidas movilizadas por los países ricos y pobres para mitigar la pobreza. A nivel mundial, se invirtieron 2,9 billones de dólares en políticas de protección social, pero los países en desarrollo solo gastaron 379.000 millones. Las economías ricos, por el contrario, han gastado alrededor de 2,6 billones de dólares, es decir, el 87% del total mundial.

El informe recoge que, mientras que los países ricos han destinado una media de 847 dólares per cápita a todas las políticas de protección social (ayudas y seguros sociales), los países de ingresos bajos y medios han gastado una media per cápita de 124 dólares. Entre los países de renta baja, hay cantidades que llegan a cuatro dólares.

Según explica Gray Molina, dentro de los países de ingreso medio-bajo, algunos emprendieron programas de transferencias “con el potencial de frenar, al menos en el corto plazo, los incrementos en pobreza a causa de la pandemia”. Por ejemplo, indica, Mongolia y Tuvalu pusieron en marcha programas de transferencias destinadas a cada uno de sus ciudadanos. “Otros países como Colombia o República Dominicana realizaron programas de menor cobertura poblacional, focalizados específicamente a la población más vulnerable, pero que pudieron haber mitigado el total de incremento en pobreza extrema y de pobreza bajo la línea de 3,20 dólares al día”.

En resumen, en general, “y en consecuencia con lo que uno podría esperar”, señala el economista, los países con mayores recursos reaccionaron ante la crisis con programas más generosos y beneficiaron a un mayor número de la población, en comparación con los países con menores posibilidades. “Esto explica que buena parte del incremento de la pobreza se pudo mitigar principalmente en los países más ricos”.

Pero dentro de esta generalidad, matiza el experto, “hay muchos casos destacables que apuntan a decisiones de política no necesariamente relacionadas con la capacidad económica de los países”. “Por ejemplo, aun cuando los programas de apoyo fueron relativamente modestos en algunos países con menores recursos, debido a la implementación de tecnologías de pagos digitales y gracias a la identificación de personas excluidas de los registros sociales, (…) estos países lograron beneficiar a una parte significativa de su población y mitigar en buena medida algunos efectos adversos”.

“La crisis nos ha mostrado que la capacidad fiscal claramente importa, pero también importan las decisiones e innovaciones de política”, dice el economista jefe del PNUD.

Los posibles efectos de una renta básica

Steiner considera que el reto ahora es “ampliar el espacio fiscal para que todos los países puedan aplicar y mantener las medidas de gasto en asistencia social, que ha demostrado ser una forma muy rentable y eficaz de evitar que la gente caiga en la pobreza”.

Los investigadores estiman que una renta básica temporal –una medida por la que ha venido abogando el PNUD para hacer frente a la pandemia– podría haber evitado el número de nuevos pobres (en pobreza extrema) en el mundo, si se aplicara a todos los hogares empobrecidos y vulnerables del mundo en desarrollo. Las proyecciones que recogen muestran que esto podría haberse logrado dedicando solo el 0,5% del PIB de los países en desarrollo, repartido en seis meses, a medidas relacionadas con el apoyo a los ingresos.

Los autores advierten de que el informe cuenta con importantes limitaciones. Sin embargo creen que los resultados proporcionan algunos puntos de referencia iniciales sobre el impacto probable de la pandemia en los hogares pobres y vulnerables de todo el mundo, y también sobre la importancia de las decisiones políticas.

“Si miramos a nivel global, una lección aprendida durante la pandemia es que los Estados fueron muy activos en proteger los ingresos y trabajos de las personas, al tiempo que protegían (lo siguen haciendo) la salud de la población bajo contextos de mucha incertidumbre y, en muchos casos, de espacio fiscal reducido”, dice Gray Molina. “La respuesta de emergencia de apoyo a los ingresos fue de proporciones históricas. Por supuesto, hay importantes diferencias entre países relacionadas con la capacidad fiscal e institucional de cada uno, pero es muy destacable que las decisiones de política, en general, pudieron amortiguar algunos efectos adversos de la crisis”.

De cara al futuro, cree que el informe evidencia que vale la pena invertir en fortalecer los sistemas de protección social a medida que los Estados se recuperan de la crisis. “Ante (muy probables) futuras crisis de similar magnitud, es más eficiente y más justo garantizar la protección de la vida y los medios de vida de la población que reaccionar de forma inmediata y en contextos de incertidumbre”.

¿Cómo hacerlo? “No todos los Estados tendrán las mismas capacidades, puesto que los patrones de recuperación son divergentes y puesto que la crisis golpeó de manera diferenciada. Algunos avanzarán en la extensión de seguridad social para trabajadores informales; otros por ejemplo generarán fondos garantizados de contingencia que se activarán ante crisis; otros fortalecerán sus sistemas de registro de beneficiarios o mejorarán sus sistemas de entrega de asistencia social para alcanzar a quienes están normalmente excluidos”, explica el experto.

El relator de la ONU pide un Fondo Mundial de Protección Social

Paralelamente, este miércoles, Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre la pobreza, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en el que sostiene que los países deben prepararse para futuras crisis creando un Fondo Mundial de Protección Social, un nuevo mecanismo de financiación internacional que ayude a proteger a sus poblaciones de la próxima pandemia.

A su juicio, tal mecanismo proporcionaría tanto los incentivos adecuados como la sostenibilidad financiera necesaria para establecer sistemas sólidos de protección social. Un comunicado de su equipo recoge cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según las cuales la mayoría de la población mundial –el 55%, es decir, 4.000 millones de personas– carece de cualquier forma de protección social. Otro 16%, o 1.200 millones de personas, solo disfruta de una protección parcial.

La semana pasada, la Conferencia Internacional del Trabajo votó a favor de llevar el Fondo Mundial de Protección Social a la mesa de trabajo de la OIT, un avance calificado de “histórico” por el relator, que cree que el objetivo debe ser que se ponga en marcha antes de junio de 2022-

“El panorama general es claro: en el pasado se invirtió demasiado poco en sanidad, desempleo, pensiones de jubilación o subsidios por hijos e invalidez”, dice De Schutter. “Y los pobres están pagando ahora el alto coste de este error”.

“Establecer un Fondo Mundial de Protección Social es factible y asequible, pero requiere voluntad política”, dice el experto. “La OIT estima que se necesitarían menos de 78.000 millones de dólares para que los países de bajos ingresos establezcan pisos de protección social, incluida la asistencia sanitaria, que cubran a su población correspondiente a 711 millones de personas. Aunque pueda parecer una cifra elevada, en realidad es menos de la mitad de lo que los países desarrollados ya aportan en concepto de ayuda al desarrollo. Por lo tanto, la cuestión no estriba en la asequibilidad, sino en establecer las prioridades políticas adecuadas”

Según explica, tal fondo permitiría a los países beneficiarios aumentar gradualmente sus propios niveles de financiación dedicados a la protección social. “En lugar de crear una nueva forma de dependencia, el fondo ayudará a identificar nuevas fuentes de ingresos nacionales y garantizará niveles sostenibles de apoyo a los países comprometidos con estos programas”.

“De hecho, el Fondo Mundial debería hacer innecesario el apoyo internacional de forma gradual, y puede ser eliminado una vez que los países hayan mejorado su capacidad para aumentar los impuestos de forma progresiva y redistribuirlos de forma equitativa en forma de protección social universal”, concluye el experto.



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