Visto para sentencia. Pasadas las 19.00 horas, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha dado por concluido este viernes el juicio que durante cerca de tres meses ha sentado en el banquillo al juez y al fiscal que durante varios años buscaron desentrañar las supuestas actividades corruptas del empresario mallorquín Bartolomé Cursach dirigidas a salvaguardar su autoridad en la noche. Bajo peticiones de condena de más de cien años de prisión -la Fiscalía Anticorrupción les acusa de desplegar supuestas prácticas ilegales para incriminar al considerado ‘rey de la noche mallorquina’ y a varias decenas de investigados más por hechos de los que, tras un turbulento peregrinaje judicial, acabaron absueltos-, los dos juristas y los cuatro policías que también han sido juzgados por su papel al frente del caso Cursach han clamado por su absolución, se han aferrado a su inocencia al defender con contundencia el trabajo que llevaron a cabo y han relatado el “miedo” con el que viven desde que instruyeron la causa.
“Si algún día aparezco muerto no será porque me haya suicidado, que se investigue”, ha proclamado el exjuez Manuel Penalva durante su turno a la última palabra. Durante una intervención que, como la del resto de procesados, ha sumido en el silencio a toda la sala, el exjuez ha manifestado que está “condenado a vivir con miedo”, relatando lo que, desde hace seis años, “por desgracia” está “soportando, callado y en silencio”: “Declaraciones altisonantes, calumnias, descalificaciones, una persecución mediática tremenda. Nos han dicho que somos el ‘cártel de la toga’, que soy manipulador de testigos, un corrupto, un delincuente”.
Con todo, ha aseverado que esta situación no es la que “realmente” más le “duele”, ni siquiera los 118 años de cárcel que la Fiscalía Anticorrupción reclama para él -“que no me son indiferentes, claro”, ha apostillado-: “Lo que más me duele es que haya personas que quiero que puedan pensar que les he fallado. Incluyo a mi núcleo familiar, a mi pareja, a mis amigos íntimos. A mi padre profesional y a su mujer. Lo siento de verdad, porque sufren”. Y ha reconocido que “jamás habría pensado” que se “alegraría” del fallecimiento de su padre. “Precisamente, una funcionaria me ha dicho hoy: ‘Menos mal que tu padre no vive, con lo orgulloso que estaba de ti; si hubiera vivido esto, le habrían matado”, ha enfatizado.
Por su parte, el exfiscal Miguel Ángel Subirán ha iniciado su exposición reconociendo no saber qué decir más allá de lo manifestado por Penalva: “Creo que ya lo ha dicho mi compañero, amigo y últimamente como si fuéramos siameses”. A continuación, ha lamentado la ausencia, durante el turno a la última palabra, del fiscal anticorrupción Tomás Herranz, quien ha capitaneado durante estos años las pesquisas contra los antiguos investigadores del caso Cursach: “Quien pide 120 años de prisión, quien representa un interés publico, tenía la obligación de escucharnos hoy. ¿Dónde está ese señor? No tenía más que escucharnos”.
Y ha asegurado que se trata de 120 años de cárcel que “nos ha destrozado el alma, personal, humanamente. Ha sido un bombardeo total y absoluto. Si algún día alguien dice que me he tirado por la ventana, es mentira: será porque me han tirado por la ventana”, ha manifestado en línea de lo apuntado por su excompañero.
La Fiscalía los acusa, en concreto, de incurrir en supuestos delitos de detención ilegal, obstrucción a la justicia por presionar e intentar ablandar a varios investigados, prevaricación judicial a la hora de acordar arrestos y revelación de secretos al filtrar información mientras el caso Cursach se encontraba bajo secreto sumarial. Anticorrupción enmarca tales prácticas en una de las líneas de investigación en las que se desgajó la macrocausa, la relativa al supuesto amaño del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma y el presunto cobro de comisiones por parte del exconcejal y exdiputado del PP Álvaro Gijón y el exdirigente histórico popular José María Rodríguez.
Antes de que los acusados tomaran la palabra, la abogada del Estado Dolores Ripoll se ha opuesto al pago de las indemnizaciones -de hasta un total de 5,6 millones de euros- que reclaman los antiguos investigados del caso Cursach por el tiempo en prisión preventiva que permanecieron en su día así como por el perjuicio personal, familiar, profesional y reputacional que aseguran haber sufrido. La letrada considera que las cantidades no han quedado suficientemente justificadas durante el juicio.
Mientras tanto, durante la fase de informes finales, las defensas de los acusados han puesto de manifiesto los motivos por los que reclaman la absolución de sus patrocinados. El abogado y exfiscal Pedro Horrach, en representación del subinspector de la Policía Nacional Miguel Ángel Blanco, ha justificado las detenciones y los registros practicados a la familia del expolítico Álvaro Gijón en la instrucción del caso ORA por sospechas de blanqueo. “Había indicios, erróneos, pero indicios”, ha admitido.
“¿Que no era estrictamente necesaria la detención de los padres del señor Gijón? No. Como tampoco lo fue la de mi representado”, ha señalado, antes de reconocer que la incriminación de los familiares de Gijón derivaron de una confianza “ciega y absurda” en la declaración del testigo protegido 19, que apuntaba a la existencia de un soborno de 1,2 millones de euros y de un piso como pago por el amaño del concurso.
En esta línea, Horrach ha rechazado los delitos que se le imputan a Blanco y, en relación a las presuntas presiones a detenidos y al delito de obstrucción a la justicia de los que se le acusa, el letrado ha recordado algunos episodios expuestos en la vista oral como los relativos a Miguel Ángel Femenía y a Antoni Roig -dos de los arrestados en el caso ORA-. El primero reconoció que no fue intimidado, ha explicado Horrach, mientras que al segundo, Blanco le sacaba del calabozo, le invitaba a café y a fumar. “Esa fue la gran tortura”, ha ironizado.
El representante legal del subinspector ha reconocido que se pudo extralimitar en hablar a solas con el detenido, extremo que sería una actitud reprochable desde el punto de vista administrativo, pero nunca penal.
Por su parte, el abogado de la inspectora Blanca Ruiz, Juan Ignacio Fuster-Fabra, ha pedido al tribunal que su sentencia, que ha reclamado absolutoria, se base en “prueba, prueba y prueba” y en los principios del derecho “alejados del odio expuesto en la vista oral, porque están en juego 100 años de prisión”. Ha apuntado, por otra parte, a la “escasa” participación de su defendida en la investigación de la ORA.
Fuster-Fabra ha indicado que asumió el caso porque vio en Ruiz y en el resto de agentes “lealtad a sus mandos, subordinación a la ley y disciplina por el trabajo bien hecho”. Por el contrario, ha valorado las pesquisas de los policías que investigaron las supuestas prácticas ilícitas de los seis acusados plagada de “percepciones subjetivas e inexactas”.
El letrado ha insistido en las irregularidades, igualmente, en la incautación del teléfono de la inspectora, la entrega de las claves y el trasladado del dispositivo a Palma. “No fue precintado de ninguna manera y se rompió la cadena de custodia. Solo querían el móvil, no les importaba la declaración”, ha recalcado.
“No hubo libertad en la detención. No hubo entrega de elementos como el teléfono móvil con garantías legales. Hemos llamado a testigos objetivos que presenciaron los hechos y han manifestado que esto fue irregular, que estuvo mal hecho y que así no se hace”, ha subrayado.
Blanca Ruiz, “vilipendiada, agredida y sojuzgada”
Fuster-Fabra ha advertido de que durante el juicio se ha invertido el principio y han tenido que ser las defensas las que prueben la inocencia de sus clientes. Sobre las filtraciones, ha insistido en que Ruiz no tenía el teléfono de ningún periodista y que los mismos periodistas que declararon ya negaron que ninguno de los acusados fuera el autor de las filtraciones.
El abogado ha acusado al fiscal Tomás Herranz de llamar a Blanca Ruiz a declarar en el juicio del caso Cursach para tenderle una trampa. “Querían que cayera en una revelación de secreto. Ha sido vilipendiada, agredida y sojuzgada. Ha pasado a ser una apestada”, ha indicado. El fiscal ha intervenido al final del informe para aclarar que Ruiz fui citada por Miguel Ángel Subirán.
“Esto seguramente se analizará en las facultades de Derecho, como lo que no debió suceder y lo que no se tenía que haber permitido. Hay tantas irregularidades flagrantes en las investigaciones de Márquez y Palomo que suponen una traición máxima al uniforme que visten. Por ello tengo que darles las gracias a todos ustedes [a los acusados], por su señorío, por saber estar y por aguantar estoicamente los envites injustos de este procedimiento. Espero, deseo y quiero que pronto vuelvan a vestir y lucir con orgullo el uniforme azul. Palma merece funcionarios como ustedes”, ha concluido.
La absolución, “un triunfo de la justicia, la verdad y el estado de derecho”
Finalmente, la defensa de Bandera, ejercida por el abogado José Acha, ha clamado por la absolución del agente al alegar su intervención en las investigaciones del caso ORA fue “nula” como también lo fue respecto a las decisiones de practicar las detenciones. “Por supuesto, conocía la investigación y lo que se indagaba, pero no participó en el análisis de los expedientes porque carece de los conocimientos necesarios sobre contratación publica, ni tiene por qué tenerlos. Su participación fue accesoria”, ha remarcado.
“Nos piden casi una vida. Y no se justifica”, ha recriminado el abogado sobre las condenas de prisión que las acusaciones solicitan para el policía. Asimismo, ha manifestado que la detención de Bandera se llevó a cabo “con el único y exclusivo fin de obtener su móvil sin asistencia letrada. Es dantesco”.
Sobre las quejas de algunas acusaciones acerca de las condiciones en las que se encontraban los calabozos cuando sus clientes fueron detenidos, Acha ha espetado: “¿Sólo importa eso cuando el detenido es funcionario? No sean hipócritas”, al tiempo que ha recordado las manifestaciones de algunos testigos sobre el buen trato dispensado por Bandera: “Lo recuerdan como el policía alto y amable. Este es el carácter de este señor”.
Finalmente, ha lamentado los intentos de los antiguos investigados del caso Cursach -ahora acusaciones- por “intoxicar” el juicio, que han querido “convertir en un medio para limpiar su nombre”. El abogado ha apelado, para concluir, a la absolución del agente, sentenciando: “En estas islas se ha escuchado que la absolución es un fracaso. Todo lo contrario: la absolución es un triunfo de la justicia, la verdad y el estado de derecho”.
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