Friday, December 3

“El racismo institucional existe y no se puede reducir solo a individuos fanáticos”


Antumi Toasijé (Bogotá, 1969) siempre busca contextualizar cada dato o episodio de racismo con los siglos de historia de abusos que nos han llevado hasta aquí. El presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica e historiador responde a las preguntas de elDiario.es para explicar y exigir soluciones después la publicación de las conclusiones recabadas de la atención prestada en 2020 por el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación, que pretende dar apoyo y acompañamiento a quienes sufren racismo en España.

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El organismo autónomo que preside, adscrito al Ministerio de Igualdad, se encarga de promocionar la igualdad de trato, asesorar a las víctimas de racismo y vigilar la situación de la población racializada en España. La memoria anual del servicio de acompañamiento a las víctimas de discriminación racial o étnica, gestionado por la Fundación Secretariado Gitano, evidencia la infradenuncia que aún pesa sobre este tipo de delitos de odio.

Durante el año 2020, el número total de personas atendidas tanto en los casos individuales (54%) como en los casos colectivos (46%) han sido de 1.664. Según el informe, entre los grupos poblacionales más afectados destaca la población gitana (39%), la latinoamericana (22%), la magrebí (18%), y la africana o afrodescendiente (8%). Sus datos no son suficientes ni representativos del racismo en España, insiste Toasijé. Pero, a través del contexto aportado por el presidente del Consejo, sí dan pistas sobre todo lo que queda por hacer para luchar contra la discriminación étnico-racial en España.

¿Cuáles son las principales preocupaciones extraídas del trabajo del Servicio de Atención y Asistencia a víctimas?

Nos preocupa la situación de todas y cada una de las personas afectadas por el racismo en España a las que hemos atendido, que en 2020 son 1.664 agrupadas en 569 casos. Cada uno de los hechos nos preocupa. Pero, observando las cifras de la memoria al compararlo con otros informes, lo que sabemos es que cerca de la mitad de las personas consideradas como no blancas han sufrido algún incidente racista en su vida. Un porcentaje importante de ellas lo sufre con regularidad. Lo que nos preocupa es cómo llegar al máximo de personas. Cómo conseguir que el servicio sea conocido por toda la ciudadanía. Tanto por las víctimas, para que entiendan cómo opera y los beneficios que conlleva; como de los agresores, para generar un efecto disuasorio. Tenemos mucho trabajo para la difusión del servicio y necesitamos más recursos.

La mayoría de las víctimas de ataques racistas denunciados al Consejo en 2020 eran españolas. ¿Qué demuestra este dato? ¿Cómo lo valoran?

Las víctimas que atiende al servicio no necesariamente son representativas de los porcentajes de víctimas de agresión racista. Entidades sociales recogen los datos de las víctimas, aunque también tenemos el teléfono gratuito, pero la mayoría nos llega a través de las entidades adscritas al servicio. Eso hace que haya cierta conexión a determinadas poblaciones. Por ejemplo, algunas de ellas tienen vinculación con el pueblo gitano, lo que hace que haya esa cercanía que facilita la denuncia, lo que se ve reflejado en nuestros datos.

Pero es cierto que durante muchos años se ha querido extranjerizar el fenómeno del racismo y tratar de transmitir que era algo que solo afectaba a personas extranjeras. Esto es una falacia. Ha habido una cierta diversidad en España y ha habido poblaciones muy atacadas con el racismo históricamente. No solamente el pueblo gitano, que también es un caso flagrante, sino población afrodescendiente que ha vivido desde siempre en la península ibérica, así como otras comunidades.

Pero el hecho de que denuncien más personas con nacionalidad española tiene que ver también con otros factores, como el hecho de que se sienten más seguras al denunciar. No es lo mismo una persona que tiene su situación administrativa pendiente de un hilo y tiene más reticencias porque piensa que puede tener consecuencias negativas. Pero hay que saber que el racismo afecta tanto a personas nacionales como extranjeras, por lo que tenemos que cambiar esos paradigmas de nosotros-vosotros. Porque el racismo atañe a toda la sociedad. 

Una parte importante de las denuncias tienen que ver con el acceso a determinados bienes y servicios.

Es lo que llamamos incidente racista indirecto: aquel por el cual el agresor no verbaliza su actitud racista pero, por omisión, está negando derechos a la víctima. Esto ocurre en muchos ámbitos, como el ámbito de la vivienda. Es difícil determinar, pero existe una estrategia de bloqueo por parte de propietarios o vendedores de vivienda hacia determinados grupos, basada en determinadas creencias totalmente falsas de que ciertos colectivos son más problemáticos. Lo mismo ocurre en los problemas laborales. También hay acoso escolar hacia menores de edad y se detecta un cierto desinterés por parte de directores de los colegios. La directiva de algunos colegios no quiere manejar esta situación e incluso a veces parece que apoyan más a los agresores que a las víctimas. Es un problema muy grave que motiva que busquemos estrategias en el ámbito educativo. También nos llega el problema de acceso a espacios públicos.

Cerca del 40% de los casos tienen que ver con la administración, con el acceso a servicios públicos, con el trato de determinados funcionarios y con el trato policial que, aunque ha mejorado con respecto a años anteriores, sigue siendo muy problemático. Hay una parte del racismo en las que los agresores son particulares del ámbito privado, pero otra se produce por parte de la Administración o funcionarios de esta, por lo que es un problema estructural y es un un problema institucional. El racismo institucional existe y no se puede relegar solo a una cuestión de individuos fanáticos, como se ha creído durante mucho tiempo.

Sobre la discriminación en el acceso a la vivienda, ¿qué medidas concretas cree que se deberían poner en marcha para evitar la discriminación que sufren las personas racializadas cuando intentan alquilar una casa? Se sabe que esto ocurre, pero parece que nunca se llega a hacer nada.

La legislación es muy deficitaria y este es el mayor problema. Esperamos que la Ley de Igualdad, que si se llega a aprobar y, en ello estamos, concrete más los supuestos en los que se produce la discriminación. Porque las leyes en estos momentos son muy generales y no concretan. Se hace muy difícil sancionar este tipo de conductas.

Desde el servicio de atención a víctimas se realizan acuerdos mediante la mediación. Porque las denuncias tienen muy pocos visos de prosperar, porque la legislación es muy vaga, solo se refiere a insultos e injurias, y el agravante de racismo se aplica en muy pocos casos. Todos los supuestos sobre el abuso en el acceso a bienes y servicios están prácticamente ausentes en la legislación antirracista y, como no entra en categoría de crímenes de odio, son de muy difícil sanción y persecución. Esperamos que a través de la Ley de Igualdad de Trato y, quizá, en el futuro, una Ley general contra el Racismo llegue a solventar esta problemática que tenemos. A través de la mediación se han solventado un gran número de casos, pero lo ideal es crear una legislación más contundente. Es importante contar con todas las fuerzas parlamentarias. 

La población gitana, seguida de la africana, sigue siendo la más discriminada en base a las cifras del servicio. ¿Por qué la población gitana sufre históricamente esta discriminación que no llega a corregirse?

Tanto el pueblo gitano como las personas de origen africano son los más perseguidos en España históricamente. El pueblo gitano ha sido en España históricamente objeto de persecución y ha sido víctima de limpiezas étnicas a lo lago de la historia. Esto es un problema endémico de España. Históricamente, desde los poderes de España se ha difundido una idea de que España solo podía ser blanca, solo podía ser católica, solo podía ser europea. Esta gran mentira lo que hace es afectar a otras poblaciones que siempre han vivido en la península ibérica. Estas políticas que se implementan desde hace siglos, continúan de un modo u otro.

A partir de la entrada de España en la UE, le encomiendan el control de la frontera sur de la Unión Europea y eso incide en una violencia también antiafricana muy importante. A ellos se une toda la persecución histórica del pueblo gitano, que han sufrido redadas ordenadas incluso por la monarquía. Estas realidades que conocemos siguen existiendo hoy en día transformadas, transmutadas. Van cambiando, cambian los procedimientos, pero la tradición antiafricana siguen existiendo así como otras costumbres que pretenden hacer creer a la población española que solo puede ser de unos rasgos determinados. 

Una vez más, en 2020 la infradenuncia marca la detección e investigación de casos de discriminación étnico-racial. ¿Por qué ocurre?

El problema de la infradenuncia sigue ahí. Solo denuncia un 12% de las personas afectadas por un incidente o agresión racista. Uno de los factores es el desconocimiento de que determinados hechos puedan ser denunciables. Luego entramos en una realidad más compleja y triste: la existencia de una legislación deficitaria que, por ejemplo, a las personas que se encuentran en situación documental irregular no las protege lo suficiente. Una persona denunciante de racismo que no tiene su documentación regularizada es susceptible de expulsión. Esas personas lo saben, por lo que es un problema.

Además, la Justicia es muy lenta. Algunos procedimientos pueden durar décadas y no todo el mundo está dispuesto a ese desgaste emocional y psicológico que puede llegar a ser peor que la propia agresión, porque esos procesos hacen mella en las víctimas. Si a todo esto se suman los jueces con prejuicios, porque forman parte del sistema y el racismo es estructural, se explica que la mayoría de casos casos que no quiera denunciar. 

Pero hay que destacar que entre quienes sí quisieron denunciar, en la inmensa mayoría de los casos, aunque la resolución no fuera favorable, se sintieron satisfechas con nuestro servicio. Porque tiene el aspecto positivo de sentirse escuchados y escuchadas y saben que va a haber alguien al otro lado que va a intentar gestionar este problema. 

¿Qué medidas debería aplicar el Gobierno para aumentar el nivel de denuncias de incidentes o agresiones racistas?

Como solución, vuelvo a la necesidad de aprobar una Ley de Igualdad que sancione de una forma rápida y directa determinadas conductas, que estén ya tipificadas, las que conocemos como más comunes. También debe agilizar los procedimientos para que no tengan que pasar por un calvario judicial cada vez que sufran alguna agresión, sobre todo cuando hay personas que las padecen con frecuencia.

No se puede echar las culpas a la víctima por no denunciar, hay que saber que hay realidades complejas. Por lo que hay que ver la forma de reforzar y reformar el sistema para que las denuncias vayan a buen puerto de forma rápida. También es imperativo y urgente proteger del riesgo de expulsión a las personas que están en situación irregular cuando son víctimas de delito de odio. De hecho, ya existen protecciones similares con víctimas de trata y violencia machista, pero nos está faltando esa protección para personas víctimas de delitos de odio. 

Como ha incidido en la entrevista, considera insuficiente la actual legislación española. La prometida Ley Integral de Igualdad de Trato, que abarca distintos tipos de discriminación, se encuentra en trámite parlamentario. Esta norma podría corregir algunas de las situaciones que menciona, pero ¿cree que será suficiente? Los colectivos antirracistas piden una ley específica para los casos de racismo en España.

La Ley de Igualdad de Trato, tal y como se ha propuesto, sí que supondría un paso adelante en algunos aspectos. Se contemplan determinadas conductas y se contempla su sanción. Pero es verdad que es necesaria una Ley Integral contra el Racismo que sea más específica, así como también leyes concretas para cada una de las colectividades históricas y diversas que han vivido en España durante siglos. Necesitamos leyes que contemplen su reconocimiento, su promoción cultural, de defensa de la diversidad cultural dentro del país y del reconocimiento de la importancia sociohistórica de estas poblaciones. Las poblaciones africanas y afrodescendiente en España en 2009 y 2010 logramos una proposición no de ley que destacaba el arraigo y apostaba por una serie de medidas de reparación, para que se conozca que su presencia en España tiene una historia larga. Y esa proposición no de ley también está asociada a crímenes históricos relacionados con el esclavismo. Todo eso ha conformado la historia del país. También se tendrá que avanzar algún día en leyes en esta línea, como existen en otros países como Francia. 

El debate de la reparación a determinadas comunidades por los abusos históricos, así como normas específicas para proteger a cada población discriminada, parece que no llega a asentarse del todo en España. 

Esto es otro paso que se ve como muy lejano. Hace falta que las comunidades afectadas por el racismo se organicen más y demanden más a los poderes públicos. Si no se demanda insistentemente, y sobre todo a los políticos, realmente estos no se mueven. También hago un llamamiento a las personas afectadas por el racismo para que se organicen, promuevan protestas y eleven sus quejas, para que todas estas leyes salgan adelante. Porque hay quien no ve la necesidad si no se siente interpelado por un sector de la sociedad. Lamentablemente, también existe en el juego político esta idea instalada de que hay determinados electorados que no quieren que su partido político defienda intereses de personas que ellos sienten que no son españolas. Ese tipo de discursos falaces hay que desmontarlos a través de acción política activa de los grupos afectados por el racismo. Pero las realidades son muy complejas y las personas lo que quieren es trabajar, prosperar, salir adelante, y no buscarse este tipo de problemas. No siempre es fácil apelar a que se proteste y se salga a la calle, pero esto es necesario para que las leyes salgan adelante. 



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