Thursday, October 28

Jaime Tapia, asesor de Prisiones en Euskadi: “ETA ha sido el escollo para que la competencia haya tardado 42 años”


El 1 de octubre de 2021 es un día histórico para el autogobierno vasco. Euskadi asume la gestión de Prisiones, recogida ya en el Estatuto de 1979. Es la segunda comunidad autónoma en hacerlo después de Catalunya. Con rango de asesor, el magistrado Jaime Tapia Parreño (Bilbao, 1962) está al frente de la estrategia del nuevo modelo penitenciario, al que quiere dotar de “humanidad”. Explica que se hizo juez para ayudar a las personas, ésas que vio sufrir en la parroquia de Rekalde, y que, aunque su misión estos años ha sido enviar a los imputados a la cárcel, siempre ha apostado por la reinserción y las segundas oportunidades. De hecho, cuenta que incluso ha ido a la cárcel a jugar al fútbol con los internos. Ha pasado por los juzgados de menores, fue portavoz de Jueces para la Democracia y, más recientemente, presidió el tribunal del mayor caso de corrupción de Euskadi, el ‘caso De Miguel’, en el que se investigaba una trama de comisiones de exdirigentes del PNV de Álava. Ello no ha sido obstáculo para que se haya embarcado en un proyecto de largo alcance con una consejera alavesa del PNV, Beatriz Artolazabal. Asegura que el reto es mayúsculo pero que el traspaso será de guante blanco: “Vamos a seguir colaborando con el Estado”. Solamente opta por no contestar una pregunta del cuestionario.

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¿Está Euskadi preparada para recibir la transferencia de Prisiones?

Pues sí. Sí que está preparada. Realmente hemos trabajado intensamente estos meses y luego, aunque en cualquier empresa humana es imposible preverlo todo, tenemos la gran suerte de que contamos con unos equipos en los centros penitenciarios que son dignos de alabar. Son personas que dedican 365 días y 24 horas a ello y la mayoría de los problemas de los centros penitenciarios se resuelven allí mismo con los propios directores o las personas responsables. Y, por otro lado, tenemos buenas relaciones con Instituciones Penitenciarias, es decir, hemos mantenido muy buenas relaciones a nivel institucional y de información. Eso hace que también sabes que el día uno, si pasa algo, no te van a dejar en la estacada. En este período de transición hemos colaborado y probablemente vamos a tener que seguir colaborando en muchas cosas durante el tiempo.

¿Qué ha ocurrido para que esta transferencia haya tardado 42 años?

Creo que a nadie se le escapa que ha sido como consecuencia, fundamentalmente, de los presos de ETA. Eran el escollo fundamental. Por lo que yo he conocido ahora, ya hemos estado en varios momentos a punto de recibir esta competencia. Pero al final no se ha podido porque parecía que se perdía una parte de lo que podría ser la política relacionada con los presos que pertenecían a ETA. 

Quizás habría que explicar en el resto de España que lo que se transfiere son los edificios y los funcionarios, la gestión penitenciaria, y que la legislación la sigue marcando el Estado.

Sí, es un tema que también ha generado un cierto debate. Se transfiere, efectivamente, todo esto que comenta, pero la legislación penal y penitenciaria es la misma. Lo que pasa es que es verdad que dentro de esta legislación penitenciaria y Código Penal hay una cierta flexibilidad que, como se ha demostrado durante estos cuarenta años, dependiendo de qué Gobierno haya estado en el poder, permite tener una mayor sensibilidad en un punto o en otros. Tendremos un margen de ejecución. Podemos marcar una cierta política dentro de unos contornos legales. De alguna manera, sí que se puede gestionar de manera diferente, por ejemplo poniendo más recursos en políticas sociales, de sanidad, de educación o de inserción sociolaboral. La legislación permite que puedas hacer eso.

Se ha acusado al Gobierno vasco de querer esta transferencia para favorecer a los presos de ETA, sobre todo desde el PP, que habla de que las cárceles vascas serán ‘resorts’ para ellos.

Yo respeto siempre la libertad de expresión de todos los grupos políticos, pero he de decir que esto no se ajusta a la realidad. Esta competencia se recibe porque era una vieja reivindicación histórica. Está en el Estatuto de Autonomía y había que cumplir la legislación. Y no se puede diferenciar entre presos de ETA y presos no de ETA. Hay que recibir todo, y no hay ninguna intención de asumir esta competencia para solamente unos. Además, son una parte muy pequeña al final dentro del colectivo de personas privadas de libertad que vamos a tratar.

Serán el 3%, aproximadamente, ¿verdad?

Deben rondar como 60 ó 70 personas [la entrevista se realizó antes del anuncio del traslado de un grupo de siete presos de ETA realizado el miércoles por el Gobierno central]. En realidad, hasta que el 1 de octubre la transferencia sea nuestra no tendremos toda la información. Pero bueno, la población total en centros penitenciarios es de alrededor de 1.200-1.300 personas. Incluso aunque vinieran todos, que deben ser como 160, más o menos, no llegarían al 20%. 

En Instituciones Penitenciarias se plantea ya un nuevo programa de encuentros restaurativos y se habla incluso de hasta 20 presos de ETA que podrían participar. ¿Cuál va a ser en Euskadi la política en relación a los presos de ETA?

Lo que queremos es que los presos de ETA tengan un tratamiento igual, conforme al artículo 14 de la Constitución, que el resto de presos. Es verdad que probablemente el año que viene se van implantar o establecer medidas, actividades o acciones de justicia restaurativa. Pero para todos. No solamente para unos. Aunque ya sabemos que ustedes, los medios de comunicación, tienen que incidir en esa línea, queremos romper un poco esa dicotomía entre presos de ETA y presos no de ETA.  Vamos a ofrecer un servicio, que es la justicia restaurativa, y será para todos. Y, por cierto, tendremos que explicar a la ciudadanía qué es la justicia restaurativa. Porque lo que estoy percibiendo es que hay bastante desconocimiento. Vamos a tener que hacer bastante pedagogía social para explicar hasta dónde llega y lo que no es. Evidentemente, tampoco nos vamos a quedar atrás en relación a lo que está ofreciendo Instituciones Penitenciarias. Sería difícil de entender que sea posible en Burgos, en El Dueso, en Logroño o en Pamplona y que el País Vasco fuera una isla en la que no se hiciera nada de eso..

Hasta ahora, cuando había que trasladar a un preso de ETA de Andalucía a Zaballa lo podía decidir Instituciones Penitenciarias en solitario. Con la transferencia, ¿cómo se va a gestionar esta cuestión?

Está previsto en la ley, con un decreto de coordinación. Al final, el servicio público penitenciario es global en el Estado y mantendremos muchas relaciones. También con el servicio catalán. Hay movimientos de presos que vienen a juicios, sacar a personas con problemas de arraigo, … Las relaciones son muy buenas. Hemos establecido ya mecanismos de coordinación entre técnicos del Gobierno vasco y técnicos de Instituciones Penitenciarias para que esto se pueda hacer con cierta fluidez

Los ‘ongi etorri’ a presos terroristas que salen de la cárcel, ¿son una muestra del fracaso de las políticas de reinserción? 

Como hemos dicho hasta la saciedad, no son tolerables. Aunque subjetivamente estas personas entiendan que no quieren vilipendiar o humillar a las víctimas, son actos que, objetivamente y por toda la parafernalia, causan daño y dolor. Ven públicamente que una persona que ha cometido varios delitos es recibida con actos folclóricos o lúdicos. Es como si alguien dice que te quiere dar un bofetón y no causar daño. Pues resulta que objetivamente un bofetón causa daño. ¿La reinserción realmente se consigue? Como se entiende en el artículo 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, es que no vuelva a cometer delitos y que tenga recursos, habilidades y medios suficientes para poderse vivir. Eso es lo que pretende la legislación penitenciaria. En definitiva, que tengas una manera de ganarte la vida sin necesidad de cometer delitos. Nada más y nada menos. Ahora, si ponemos el énfasis o la meta en que se arrepienta de todo aquello que hizo, pues aparentemente no se ha conseguido ese fin. Pero no descarto que, a pesar de toda esa parafernalia, esas personas en su fuero interno, aunque no lo hayan manifestado, estén persuadidas de que se equivocaron. 

En su momento ya presentaron un documento con el modelo penitenciario que se pretende desarrollar. ¿Veremos módulos mixtos en las cárceles vascas?

Es un tema que sí está contemplado. Tal vez pueda haber esa posibilidad. A lo mejor podrían darse en ciertos recursos de regímenes de semilibertad en los que puedan convivir personas de diferente sexo. Esto surge de que, efectivamente, en ciertos centros penitenciarios europeos y en España hay módulos mixtos. Pero también son centros penitenciarios mucho más grandes. También se puede hacer con actividades. Queremos que no haya una separación tan drástica.

También se plantea que todas las penas de menos de cinco años se cumplan en tercer grado directamente y que la prisión provisional se pueda cumplir en los domicilios. ¿Esto es viable?

No se plantea tan categóricamente como lo dice. No es que las penas inferiores a cinco años siempre y necesariamente se cumplan en libertad, sino que se puedan cumplir en libertad cuando se produzcan una serie de circunstancias. Son personas a las que, quizás, si el juez hubiese tenido una oportunidad le habría suspendido la condena. Hablamos de personas con unas circunstancias de trabajo o familia que puedan ser clasificadas inicialmente en tercer grado. En cuanto a las prisiones provisionales, hay previsiones de la ley de enjuiciamiento criminal que contemplan la posibilidad de que no todas las personas ingresen en prisión. ¿Una persona que ha cometido un homicidio o un asesinato puede estar en su casa? Pues no. Pero puede pasar que alguien con una enfermedad grave, incurable, no necesariamente tenga que estar en prisión, en un centro penitenciario. La ley marca una posibilidad.

Jaime Tapia ha sido juez durante muchos años. Quizás pueda parecer contradictorio que defienda estas medidas alternativas a la prisión cuando su función principal era precisamente enviar a los justiciables a prisión.

Bueno, no es tan contradictorio como puede parecer… Aunque entiendo que haya personas a las que les pueda resultar extraño. Un juez lo que tiene que hacer es juzgar unos hechos sometido a una serie de garantías. Y luego tiene que aplicar la pena. El legislador concede al juez una cierta horquilla. Y, por otro lado, el juez también tiene un papel constitucional de hacer ejecutar lo juzgado. En mi vida profesional, tanto como juez de menores como como magistrado, he intentado en esa fase posterior de ejecución de la pena favorecer procesos de reinserción. Soy conocido por haber concedido suspensión de la ejecución de la pena a personas que tenían las condiciones personales, familiares o sociales para ello. Y no solamente yo, sino toda mi sala. Mi propia forma de ver el ejercicio jurisdiccional también se ha caracterizado por creer en las segundas oportunidades. Es un derecho penal más humanitario, ¿no?

Sin los datos todavía de Zaballa, la realidad es que el 49% de los funcionarios de Basauri y de Martutene ha pedido marcharse de Euskadi. ¿Qué le dice al Gobierno vasco este dato?

Me he reunido personalmente con ellos en lo que hemos llamado los encuentros de acogida. Nosotros contamos con ellos y les hemos dicho que queríamos que se quedaran, pero tampoco podemos obligar a nada a unas personas que tienen sus circunstancias personales, familiares y vitales. Lo que han hecho es presentar una instancia y hasta que sea el último momento pueden desistir de esa petición. Muchas de estas personas viven fuera del País Vasco y vienen a trabajar a los centros penitenciarios y ahora les han salido diferentes plazas en centros penitenciarios cercanos a sus domicilios. Es algo normal. Además, muchos de ellos tienen ciertas edades y legítimamente pueden querer marcharse. Pero también hay personas de fuera del País Vasco que tienen interés en venir. Yo mismo he recibido alguna llamada. Esto puede interesar. En el País Vasco se va a ganar más dinero. Del orden de 300 y pico euros más que en un centro penitenciario como Logroño, por ejemplo. Y se tienen más vacaciones, del orden de 15 ó 20 días más. 

¿Habrá una OPE para captar nuevo personal?

Forma parte de algo que se va a tener que desarrollar probablemente en estos dos años. Probablemente haya que cubrir esas vacantes. De hecho, ya en la propia plantilla actual hay vacantes que no han sido cubiertas. De 700 plazas realmente son transferidos como 630. Y, efectivamente, en los próximos años va a haber jubilaciones porque los funcionarios tienen cierta edad y son de las clases pasivas del Estado, por lo que se les adelanta la edad normal de jubilación. Sí, OPE y creación de bolsas de trabajo. 

Esta semana se ha conocido un acuerdo con UGT-ACAIP para regular las condiciones del personal tras la transferencia y por dos años. ELA, en cambio, dice que es antidemocrático porque UGT solamente representa el 15% en la Administración autonómica.

Bueno, todo depende de con qué ángulo se mire. En la función pública es así. Pero si tenemos en cuenta que aquí se ha creado una mesa delegada en la que se ha recibido un personal penitenciario específico, con unas características de horarios, de salarios o de cuerpos que no encajan en la propia función pública vasca, ahí hay unas personas que hasta ahora mayoritariamente han sido representadas por el sindicato UGT. Es un sindicato mayoritario. Es un acuerdo que sí es democrático en el sentido de que se ha alcanzado con aquellas personas que hasta el 1 de octubre son funcionarios del Estado y que van a integrarse ahora con nosotros. 

¿Qué va a ocurrir con la vieja cárcel de Nanclares de la Oca, que también se transfiere?

Se puede decir con honestidad que no lo sabemos. Una de las cosas que ahora tenemos que hacer una vez recibida la competencia es valorar cómo está arquitectónicamente. Las viviendas parece que están en muy mal estado. Respecto al resto de los edificios, lo que sea mejor para la ciudadanía. Habrá un diálogo entre el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Nanclares de la Oca y la Diputación. Todos han mostrado algún interés por ver exactamente cómo está aquello. 

Citaba las viviendas de Prisiones. Precisamente se mantienen para aquéllos que tengan ahora una concesión.  

Era una petición de ellos, pero sobre la base de que esto es un derecho o un beneficio a extinguir. Cuando se construya y se entregue la próxima carcél de Zubieta, en Gipuzkoa no va a haber. En Basauri, hay una serie de adjudicaciones que a medida que se vayan extinguiendo sus periodos de concesión ya no se van a renovar. 

Mencionaba Zubieta, la nueva cárcel que sustituirá a Martutene. ¿Se inaugurará en dos años?

Las últimas noticias son que incluso ya han empezado las obras. Ya hay grúas y ya hay actividad constructiva. Sí, la idea es que en el año 2023 esté terminada. No sé si será en primavera o en otoño.

¿Está de acuerdo con el PNV y con su presidente cuando dice que los jueces vascos no son de aquí y que no tienen sensibilidad de país?

No le voy a contestar a la pregunta. Sería meterse un poco en un berenjenal que no me corresponde resolver.

¿Ha sido para Jaime Tapia un obstáculo para entrar en el Gobierno el haber condenado a exdirigentes del PNV por corrupción?

A eso sí que le puedo contestar [Risas]. No ha sido ninguna dificultad. Vamos a ver, la consejera Beatriz Artolazabal me comentó a finales de febrero que conocía mi trayectoria personal y profesional en este mundo penitenciario. Son mis conocimientos jurídicos, penales, penitenciarios, pero también un poco mi trayectoria como juez de menores o como voluntario penitenciario. Pensaron que podía ser un activo para poder ayudarles en este camino. Y yo recibí esta oferta muy convencido de que formaba parte también de lo que ha sido mi trayectoria. Me metí en esto de ser juez un poco por ayudar a los demás. Aunque pueda parecer extraño. Yo soy un chico de barrio, del barrio de Rekalde de Bilbao. Estoy implicado en dinámicas de barrio, de parroquia. En los años 80 conocí el problema de la droga. Eran los años de la heroína. En ese contexto decido hacerme juez. También tiene una significación religiosa. Jueces como Belloch, Lidón o Joaquín Giménez, que son precisamente aquellos que empiezan a aplicar un derecho penal humanitario de medidas alternativas, son mis maestros, mis referentes como juez humano que intenta ayudar a las personas. He sido decano, miembro de sala de gobierno y de Jueces para la Democracia. Ahora esto puede ser un proyecto interesante. ¡Yo he ido a Zaballa a jugar partidos de fútbol de abogados y jueces contra internos!

El ‘caso de Miguel’…

Obviamente lo conocerían porque fue muy público. Actuamos con total profesionalidad. Vimos unos hechos, los juzgamos y condenamos.

Nunca nadie en el PNV, tampoco en el Gobierno vasco, le ha agradecido a la denunciante, Ainhoa Alberdi, el hecho de que destapara esta trama. ¿Desde su posición nueva hará ese gesto con ella?

A ella no me voy a referir directamente. Lo que sí que puedo decir es que, durante el proceso, como a tantas víctimas, se le atendió adecuadamente. Se tomaron las medidas oportunas que pidió ella y la Fiscalía, que eran razonables. En mi vida, también ha sido una inquietud y un interés el de las víctimas.

Pero el tiempo (y su sentencia) le han dado la razón.

Efectivamente, no creo que descubra nada. La sentencia, es verdad, asume el relato. Pero también es verdad -y hay que decirlo- que es un asunto que está todavía pendiente de un recurso de casación. 





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